Concluyó la 11º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

Organizada por la asociación civil Intercambios, se realizó en el Senado de la Nación y contó con la asistencia de más de cuatrocientos participantes de todo el país e invitados extranjeros. El funcionario uruguayo Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de ese país, presentó el modelo de regulación del mercado de la marihuana que promueve su gobierno y aseveró que los países vecinos, incluido la Argentina, manifestaron su respeto a la iniciativa.

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(Buenos Aires, 30/08/2013; 12:30Hs) “Hemos puesto el foco en regular el mercado de la marihuana para atacar lo que sustenta a las organizaciones criminales, que es el fin de lucro”, afirmó esta mañana  Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, ante un auditorio de más de cuatrocientas personas, en el cierre de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se realizó este jueves 29 y viernes 30 de agosto en el salón azul del Senado de la Nación organizada por la asociación civil Intercambios.

La máxima autoridad de drogas del Uruguay viajó especialmente a la Conferencia para explicar a los argentinos la decisión de su país de regular el mercado de la marihuana. “Según Naciones Unidas, 320 mil millones de dólares al año  van a parar a organizaciones criminales, al mercado inmobiliario, al mercado de armas, producto del negocio de las drogas”, fundamentó al señalar el objetivo de “atacar el fin de lucro”.

Encuestas sobre consumo en el Uruguay estiman que unas 120 mil personas consumen marihuana al menos una vez al año, 75 mil lo hacen una o dos veces en el mes y 20 mil en forma diaria. “Se trata de un mercado totalmente desregulado y controlado por organizaciones criminales. Desde la convicción de que los problemas del consumo de drogas son problemas de salud, decidimos avanzar en quitarle a las organizaciones criminales estas altas tasas de ganancia”, aseveró.

Durante los años 2011 y 2012, a partir de una reforma en las instituciones policiales para hacerlas más efectivas, Uruguay incrementó su volumen de decomiso de sustancias. “Pero sólo logramos el control del diez por ciento del mercado, queda afuera la gran mayoría”, reconoció Calzada Mazzei, para quien el modelo prohibicionista “apuesta a una solución simple, que es el control penal y la coerción”. En cambio, la propuesta uruguaya es compleja, porque propone lograr “legislativamente una regulación del mercado de la marihuana para uso medicinal, terapéutico y recreativo”.

Ante la consulta sobre cómo cree que reaccionarán los mercados si la iniciativa avanza en Uruguay, el funcionario aclaró: “El mercado de las drogas es global, por lo tanto se produce un efecto globo: si se aprieta por un lado, se desplaza hacia otro. Cuando apretaron con algunas regulaciones en Colombia, los mercados se desplazaron hacia el Sur. Lo más probable es que la mayoría del mercado se desplace hacia otros lugares”.

Calzada Mazzei reconoció que una preocupación es garantizar que parte de la marihuana producida legalmente en Uruguay no termine en el mercado negro de Brasil, Argentina o Chile. Por eso, la regulación incluye el registro de los usuarios, un límite de 40 gramos por persona y la venta en farmacias. “Las farmacias en Uruguay tienen más de cien años de historia y hoy expenden opio, sustancia más riesgosa que la marihuana. Creemos que estos productos de consumo no ordinario son pasibles de ser regulados en función de parámetros asociados a su uso, de los riesgos y daños que pueden producir”, señaló.

Para la marihuana regirán las mismas regulaciones que en Uruguay se tienen para los cigarrillos, entre otras la prohibición de hacer publicidades. Además, la presentación será genérica, sin marcas, e incorporará información sobre los riesgos para la salud.

Finalmente, consultado sobre la reacción del gobierno argentino ante esta iniciativa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay afirmó que recibieron “una actitud muy respetuosa de todos los gobiernos de la región”. Y reconoció: “Una propuesta como la que estamos llevando adelante a todos nos genera dudas, incluso a los más fervientes defensores. Pero estamos convencidos que si seguimos haciendo lo mismo que siempre, nada va a cambiar”.

La 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas concluyó al mediodía, con un panel que analizó la aplicación de la ley de salud mental.

En el cierre del encuentro, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, asociación civil organizadora del encuentro, recordó los desafíos para la Argentina en materia de políticas de drogas: “La reforma de la ley de estupefacientes 23.737, declarada inconstitucional hace ya cuatro años por la Corte Suprema de Justicia y alrededor de la cual hay un silenciamiento preocupante. Y la ampliación de la atención sanitaria y social de los problemas relacionados con las drogas”, que debería contemplarse en el Plan Nacional de Salud Mental y mediante el tratamiento en el Senado del proyecto de creación de un Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos, proyecto de ley que ya tiene sanción de Diputados.

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Una distinción a periodistas que cubren con compromiso ético y calidad informativa

El brasilero Diego Queijo de Azevedo, las bolivianas Jhenny Nava Boza y Leslie La Fuente López, el venezolano Juan José Faría y el argentino Patricio Irisarrifueron los ganadores del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, organizado por la asociación civil Intercambios con el auspicio de Red-Salud.

La entrega de distinciones se realizó en el marco de  la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, el jueves 29 de agosto a las 18:30hs en el Salón Azul del Senado de la Nación.

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(Buenos Aires, 29/08/2013; 19:30hs) En la tercera edición del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas la noticia es que los trabajos que ganaron no se centran en el narcotráfico sino en los aspectos más sociales del tema”, afirmó Eva Amorín, integrante de Intercambios y coordinadora del Premio, al presentar a los ganadores, el jueves 29 de agosto en el marco de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

El Jurado seleccionó como ganadores un reportaje que aborda el dispositivo del reducción de daños para la atención de los usuarios (“Una luz en la oscuridad” de Diego Queijo, Brasil); el drama de quienes hacen de mulas con cápsulas en su propio cuerpo (“Tragones de cocaína”, de Jhenny Nava Boza y Leslie La Fuente López, Bolivia)  y un informe sobre cómo afecta a las poblaciones indígenas el habitar las rutas del tráfico (“Los testigos de la coca”, de Juan José Faría, Venezuela).

Coincidimos en que los artículos que ponen el foco en lo social son los que mejor permiten entender y sensibilizar sobre el tema desde una perspectiva de derechos humanos”, explicó la periodista mexicana Marcela Turati, integrante del Jurado junto al argentino Osvaldo Baigorria y la colombiana Juana Marulanda.

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En el Salón Azul del Senado de la Nación, Marcela Turati, entregó la distinción al joven periodista Diego Queijo, ganador del primer puesto. Sobre “Uma luz naescuridão” (partes 1 y 2), publicado en Diario Popular, de Brasil, los días 29, 30 y 31 de mayo de 2013, el Jurado señaló:“Es una historia original, pocas veces contada: la del trabajo cotidiano desde el enfoque de reducción de daños para el tratamiento a personas usuarias de drogas. A partir de acompañar a los promotores sanitarios en su recorrida nocturna, el artículo avanza en el debate sobre la despenalización. Humano, interesante y bien escrito, aborda y promueve el respeto de los derechos humanos”.

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El segundo puesto fue para las bolivianas Jhenny Nava Boza y Leslie La Fuente López, quienes recibieron la distinción de manos de Graciela Touzé, presidenta de Intercambios.  Ambas cronistas son autoras de “Tragones de cocaína (suplemento especial dominical), publicado en el diario La Opinión de Bolivia el 12 de mayo de 2013: “A través de un trabajo periodístico exhaustivo se abordan en un mismo suplemento las distintas aristas que tiene el problema del tráfico de cocaína en el cuerpo de las personas, llamadas “mulas”. Tiene gran multiplicidad de fuentes, diversos enfoques, y cierto amor por el detalle en el relato periodístico que logra no caer en el amarillismo”, señaló el Jurado.

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El tercer premiofue para Juan José Faría, venezolano, a quien entregó la menciónPaula Goltzman, responsable del área de Intervención de Intercambios. Acerca de “Los testigos de la coca” (Parte 12 y 3), publicado en el diario La verdad de Venezuela los días8, 9 y 10 de abril de 2013, el dictamen del Jurado señaló: “Es el reportaje de mayor impacto político: visibiliza la problemática de las comunidades indígenas que, por habitar en las rutas de tráfico, quedan encerradas entre los grupos de poder en juego en el negocio de las drogas”. Lo distinguió porque “amplía la difusión de una perspectiva no punitiva y promueve la diversificación de la agenda periodística en los temas de drogas”.

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Calles perdidas: el avance del narcotráfico en Rosario”, producido por DocuMedia: Periodismo Social Multimedia de la Universidad Nacional de Rosario (marzo 2013, Argentina) obtuvo una mención especial fuera del certamen, a modo de reconocimiento por su aporte al debate sobre drogas en la Argentina. La dirección del documental estuvo a cargo de Fernando Irigaray (Director) y la distinción fue entrega por Diana Rossi, responsable del área de Investigación de Intercambios al periodista Patricio Irisarri, quien la recibió en nombre del equipo de DocuMedia.

Entre los trabajos postulantes a la edición 2013 del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas se presentaron por primera vez propuestas de fotoperiodismo ymultimedia. El Jurado consideró que no era posible evaluarlos en pie de igualdad con la prensa escrita. No obstante, y para estimular se continúen desarrollando, se otorgaron menciones especiales también a los dos trabajos fotográficos “Las mil muertes del Chucky”, de Giovanni Lemus (El Salvador, revista Séptimo Sentido, 28 de Octubre de 2012) y a “El narco siempre gana”, de Juan Carlos Cruz (México, revista Emeequis, 22 de octubre de 2012).

Creado en 2011 por la asociación civil Intercambios para reconocer a periodistas de la región que realizan coberturas sobre drogas con compromiso ético y calidad informativa, el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas va por su tercera edición. Este año se presentaron más de cincuenta trabajos de once países.

Son también objetivos del certamen: ampliar la difusión de una perspectiva no punitiva y de políticas públicas alternativas a la guerra contra las drogas y promover una diversificación de la agenda periodística en los temas de drogas.

Ver el dictamen completo del jurado

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Marcela Turati planteó el desafío de narrar de tal forma que cada vida siga importando

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“Tras tantos crímenes empezamos a ver normal todas las noticias: 72 migrantes asesinados, un casino con más de 50 muertos, una fosa común con más de 200. Un desafío es cómo narrar para que cada persona siga significando, que sigan importando, para que no haya acostumbramiento social a la muerte”.

Así lo planteó la periodista mexicana Marcela Turati Muñoz, integrante de la Red de Periodistas de a Pie, al cierre de la primera jornada de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

(Buenos Aires, 29/08/2013; 18:30hs) “Corresponsables de guerra en el propio país”. Con esta frase define Marcela Turati la tarea que les ha tocado desarrollar a los periodistas de México durante los últimos años, a partir de que el ex presidente Felipe Calderón lanzó, en el año 2006, la llamada “guerra contra el narco”, que hasta el momento causó al menos 27.000 desapariciones de personas, desplazamientos internos de poblaciones enteras, más sesenta periodistas asesinados y atentados a cincuenta medios de comunicación.

Reportera de la revista Proceso, desde la cual cubre asuntos relacionados con derechos humanos, Marcela Turati Muñoz se especializó en los impactos sociales de la violencia. Autora del libro “Fuego cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco”, fue invitada por la asociación civil Intercambios a la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas para exponer sobre  “El rol de la prensa en el tratamiento del tema drogas”.

Con la moderación de Sebastián Ortega, integrante de InfoJus y del sitio Cosecha Roja, su conferencia convocó a periodistas y activistas de derechos humanos que, en un silencio atento y emocionado, escucharon un relato sobre el aprendizaje de informar en ese contexto.

A continuación, los principales fragmentos de su exposición:

Ejecutómetro. “Los asesinatos llegaron a ser tantos que creamos una figura macabra que cuenta la cantidad de ejecutados por día. Es una tarea indispensable y, en algunos lugares, imposible”.

Redes sociales. “Hay zonas del país que se han convertido en zonas de silencio. No se puede publicar el número de muertos, y mucho menos las relaciones entre policías y narcos, ni su financiamiento político. Ahí lo que sabemos es gracias a lo que muchos ciudadanos hacen circular en las redes sociales. Es la gente común que se vuelve periodista para que algo se sepa”.

Voces del poder. El crimen organizado intenta imponer su visión y publicita sus crímenes. Mientras tanto, funcionarios de gobierno repiten a la población: “No se preocupen, se están matando entre ellos”; “algo habrán hecho”. O, incluso, “son daños colaterales de la guerra contra las drogas”.

Exterminio. “Que alguien sea narco no es motivo para matarlo. Pero, además, la mayoría de los muertos no lo eran. Muchas veces las familias nos dicen: “Nosotros apoyábamos al Presidente en su cruzada, pero no así, no sacando al Ejército a una guerra en las calles”.

Las causas de la guerra. Estábamos cubriendo el humo de un incendio, pero no estábamos viendo el fuego. Nos dimos cuenta que el tema de las drogas no es sólo policial; es social, político, económico. Empezamos a hablar de las causas sociales, a presentar en forma reflexiva la cultura de admiración hacia los narcos,  a intentar fiscalizar a políticos, empresarios y al sistema de Justicia corrompido, porque no hay peces gordos en prisión por temas de drogas. Nuestro aprendizaje fue tardío, pero en eso estamos… en contribuir con información a que se abran los debates que se tienen que dar”.

Red de Periodistas de a Pie. “Nos organizamos frente a la emergencia. La mayoría somos mujeres periodistas, que antes cubríamos pobreza. Vimos la necesidad de unirnos, capacitarnos, brindar contención a colegas en las zonas calientes… y un día nos dimos cuenta que estábamos marchando por la desaparición de compañeros periodistas”.

Visibilizar a las víctimas. Se estaba dando voz sólo a los victimarios, sean funcionarios o militares. Desde la Red de Periodistas de a Pie comenzamos: el parque donde asesinaban a un joven, la gente que no volvía, esa cancha de fútbol donde ya no se jugaba nuevamente… Aprendimos que es importante mantener la bronca y la esperanza. No sólo presentar las noticias del horror, sino también presentar las noticias de resistencia”.

Mostrar los efectos. Emprendimos el camino de contar qué pasa dentro de la familia a partir de las desapariciones: cómo niños han dejado la escuela, cómo se rompen lazos sociales, cómo aumenta la carga laboral, cómo se medica toda la familia”.

Desacostumbrarse de la muerte. “Tras tantos crímenes empezamos a ver normal todas las noticias: 72 migrantes asesinados, un casino con más de 50 muertos, una fosa común con más de 200. Un desafío es cómo narrar para que cada persona siga significando, que sigan importando, para que no haya acostumbramiento social a la muerte”.

Comisión de la Verdad. “A partir de organizarnos hicimos un libro y una página de internet sobre los 72 migrantes asesinados, con sus nombres y sus historias. También la página “Ciudadanos solidarios”, donde cada participante cuenta a través de las redes los asesinatos en su zona. Todos sentimos la urgencia de contar. Necesitamos contribuir. Es una Comisión de la Verdad en tiempo real”.

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El arduo camino hacia un paradigma de los derechos humanos

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¿Consentimiento informado o consentimiento forzado? ¿Internación involuntaria o detención arbitraria? ¿Niño a resocializar o sujeto de derechos? ¿Carrera adictiva o enfermedad crónica?

Con estas tensiones sobre la mesa, en el cierre de de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas el debate se centró en las tensiones y herramientas a  partir de la ley 26.657 de Salud Mental.

 (Buenos Aires; 30/08/2013; 13:30Hs) Un nuevo paradigma busca abrirse camino en la atención de problemas asociados a las drogas: el paradigma de los derechos humanos.  Para analizar los pasos que se vienen dando, expertos de cinco instituciones involucradas en forma directa en la implementación de la ley 26.657 de salud mental fueron convocados el viernes 30 de agosto al panel “La aplicación de la ley de salud mental y la atención de problemas asociados a las drogas”, en el cierre de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas realizada en el senado de la Nación.

Con la moderación Diana Rossi, la mesa reunió a Mariano Laufer Cabrera, coordinador de la Unidad de Letrados art. 22 Ley 26.657 de la Defensoría General de la Nación, Macarena Sabin Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Alberto  Calabrese, director de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, María Pía Pawlowicz, integrante del Área de Investigación de la asociación civil Intercambios Asociación Civil y Ernestina Rosendo, magíster en Salud Pública e investigadora de UBA.

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Privación ilegítima de la libertad

Un primer punto, planteado por todos los participantes, es cómo se regular una internación involuntaria. A partir de  la ley 26.657, la Defensoría General de la Nación intervino en la defensa de más de 4.500 personas internadas contra su voluntad sólo en la ciudad de Buenos Aires, según reveló el titular de la Unidad de Letrados art.22.

“En lugar de un consentimiento informado vemos consentimientos forzados, viciados, firmados bajo amenaza”, coincidió desde el CELS la psicóloga Macarena Sabin Paz. A la luz de los derechos humanos “se debe entender claramente como una privación de la libertad –advirtió Laufer Cabrera-. La Justicia debe observar que esa privación sea legítima, para que no se transforme en una detención arbitraria”.

Revisión de los tratamientos

Una herramienta aún sin implementar es el Órgano de Revisión. “Su puesta en marcha es necesaria para frenar los abusos, malos tratos y torturas. Creo que puede tener especial impacto sobre las comunidades terapéuticas”, aseveró Sabin Paz. El CELS propone que el Órgano de Revisión se articule con el flamante Organismo de Prevención de la Tortura.

Alberto Calabrese, en la actualidad director de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, reconoció que las entidades federales “podemos ejercer un determinado control sobre estas granjitas que proliferan, donde es sistemática la violación de derechos humanos”.

A la vez, señaló el “carácter dual” de la posibilidad de internación en hospitales generales prevista por la ley 26.657: “Tiene el riesgo de que el tema adicciones se vuelva exclusivamente médico” y “se dejen de lado sus aspectos sociales”. En el mismo sentido, avaló que se implementen políticas de reducción de daños. “Y esto lo digo como funcionario”, agregó.

¿Derechos humanos con penalización?

La inclusión del uso problemático de drogas en la ley de salud mental quedó redactado como “salud mental y adicciones”. La psicóloga María Pía Pawlowicz, integrante del Área de Investigación de la asociación civil Intercambios, reflexionó sobre ese conector “y”. “No es un tema satélite. La ley exige un profundo replanteo de la concepción de los usuarios de drogas como sujetos de derechos”, afirmó.

Esto implica modificar una mirada previa, para la cual los usuarios de drogas son “sujetos inmutables” o “niños a resocializar”.

La innovación en el marco legal “se imbricó con la discusión sobre despenalización… que viene siendo discusión pero no se transforma en reforma”. Pawlowicz recordó que la criminalización del uso de drogas “ha estigmatizado a los usuarios, alejándolos de los servicios sanitarios”.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre las implicancias de conceptualizar al uso problemático de drogas como una enfermedad crónica. En ocasiones se considera a las adicciones como una suerte de espiral destructiva creciente, progresiva e irreversible, que suele denominarse “carrera adictiva”. “Esta concepción borra las decisiones que las personas toman y otros recorridos posibles, que en los hechos muchos usuarios de drogas tienen”, concluyó.

Deudas de las políticas públicas

A modo de síntesis del encuentro, se dejó en evidencia la brecha  que existe entre la normativa y las prácticas vigentes, la ausencia de políticas públicas “reales y genuinas”  para el tratamiento de las adicciones” y se hizo un llamado a la inclusión “detallada y profunda” de los tratamientos sobre adicciones en el Plan de Salud Mental, en la actualidad en elaboración, como forma de ir saldando la brecha.

La magister en Salud Pública e investigadora Ernestina Rosendo,  que tuvo el rol de “discutidora” de los conceptos que se abordaron en la mesa, concluyó con una apelación a “no caer en el error de pensar a la ley de salud mental “como una mera aplicación de tipo técnico de la legislación. La realidad es que estamos en un campo de pujas”.  

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“La regulación legal de la marihuana ataca al lucro de las organizaciones criminales”

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El secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Julio Calzada Mazzei, presentó este viernes 30 de agosto en el Salón Azul del Senado de la Nación las características del modelo de regulación del mercado de la marihuana que promueve el gobierno uruguayo.

 A continuación, una relatoría (casi) textual de su presentación.

(Buenos Aires, 30/08/2013; 12:30Hs)  ¿Por qué Uruguay decidió avanzar en un proyecto de regulación de la producción y comercialización de marihuana? ¿En qué información epidemiológica que sustenta esta decisión? ¿Harán lo mismo con la pasta base o la cocaína? ¿Cuál es la coherencia entre el expendio de cannabis en las farmacias mientras incrementa las regulaciones y restricciones a la comercialización y publicidad sobre tabaco y alcohol? A lo largo de su conferencia “La regulación de los mercados de drogas. Un largo camino por venir”, el sociólogo Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, fundamentó la decisión del gobierno uruguayo de avanzar en la legalización regulada del canabis en ese país.

Al comenzar la segunda jornada de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, convocada por la asociación civil Intercambios en el salón azul del Senado de la Nación, Calzada Mazzei explicó, textualmente, lo que sigue:

“Cada día es más evidente que estamos ante un cambio de paradigma. Ese cambio es tal que ayer, jueves 29 de agosto de 2013, el Departamento de Justicia de EEUU decidió que no afectará las decisiones de los estados de Washington y Colorado (sobre uso regulado del cannabis). Es uno de los hechos más relevantes en materia de políticas de drogas.

El ministro de Educación de la Argentina, Alberto Sileoni, decía ayer en la inauguración de esta Conferencia, que es necesario llevar adelante una tarea contracultural. Parte de esta tarea es desplazar a la sustancia del centro del problema. Debemos lograr que el tema drogas salga de las páginas policiales y entre a las secciones de cultura, de sociedad.

Voy a hablar desde Uruguay y de este largo proceso de regulación de las drogas, que no se inició ahora. Es un proceso que se inicia hace más de 100 años y que hoy está cambiando el rumbo.

Drogas y vulnerabilidad social

En la realidad del siglo XXI tenemos más herramientas para construir evidencias, más información confiable y fidedigna. En Uruguay, con eso hemos construido encuestas epidemiológicas y datos.

Así, partimos de la hipótesis que el consumo de drogas está directamente asociado a la vulnerabilidad de las personas, en la cual tiene un fuerte impacto la pobreza. En el año 2003 teníamos más de 300 niños en situación de calle en Montevideo y en el año 2012 hay mil niños que están atendidos por “Proyectos Calle” (de los cuales el 50 % no están estrictamente en dicha situación). La problemática de la niñez en situación de calle en Montevideo está prácticamente eliminada, no así la situación de los adultos, que se ha incrementado.

En relación al consumo de drogas, observamos que el alcohol y el tabaco son las drogas de mayor impacto. Y en todos los casos, las personas más vulnerables son quienes están más afectadas.

En función de este análisis, tomamos la decisión en el año 2005 de regular restrictivamente el mercado del tabaco. Es una de las drogas con mayor impacto sanitario y epidemiológico en el mundo entero.

En el año 2009, tomamos la decisión de avanzar en una regulación, también restrictiva, de la marihuana y el alcohol, las cuales también tienen impacto en la población.

Observando la evolución del consumo, vimos que de una sustancia que no tiene regulación, como el alcohol, ha aumentado su consumo. A diferencia del consumo de tabaco luego de la regulación, que desciende. También se incrementa el consumo de marihuana.

Es en las zonas de Montevideo con mayores niveles de vulnerabilidad donde se dan consumos más altos de pasta base de cocaína. En algunos lugares llega al 8 % de prevalencia.

¿Cuál es el desafío que tenemos? No podemos simplificar la interpretación y el análisis porque nos va a dar una solución simple. El modelo prohibicionista apuesta a una solución simple, que es el control penal y la coerción.

En el caso de la marihuana, el aumento del consumo no ha implicado un cambio sanitario grave. Todas las drogas pueden generar algún tipo de daño, pero hay sustancias que tienen mayor capacidad adictiva. Estamos convencidos que el camino a recorrer es basarse en estos criterios para regular las drogas.

Regulación legal contra las organizaciones criminales

La ley uruguaya habilita el uso de sustancias por las personas en general, basada en el artículo 10 de la Constitución. No se penaliza el consumo, sino el acto preparatorio; se penaliza lo que se realiza para cometer un acto que no está penado.

Tenemos que darle una respuesta sanitaria y no represiva coercitiva. A partir de la Convención Única de Estupefacientes, en estos últimos 50 años, se han incrementado los delitos y daños relacionados al narcotráfico. Esto genera, según Naciones Unidas, 320 mil millones de dólares al año que van a parar a organizaciones criminales, al mercado inmobiliario, al mercado de armas, etc.

Hemos enfocado en atacar lo que sustenta a estas organizaciones criminales, que es el fin de lucro. En los años 2011 y 2012, con instituciones policiales efectivas y con muy bajos niveles de corrupción, logramos decomisar mucho más. Y con eso sólo logramos el control del diez por ciento del mercado. Nos quedaba afuera la gran mayoría. Según nuestras encuestas, hay 120.000 personas que al menos una vez en el año consumen marihuana, 75.000 una o dos veces en el mes y 20.000 que consumen a diario. Se trata de un mercado totalmente desregulado y controlado por organizaciones criminales. En cambio, en este mismo período, con la regulación total del Estado del mercado del tabaco, su consumo se redujo sensiblemente.

Desde una perspectiva de derechos integral, no se puede obligar a las personas a que cometan actos ilegales para realizar una actividad que es legal. Desde la convicción de que los problemas del consumo de drogas son problemas de salud, decidimos avanzar en quitarle a las organizaciones criminales esas altas tasas de ganancia. Por eso, a partir de 2011 el Poder Ejecutivo evalúa la inclusión de medidas para la regulación del mercado de la marihuana. Hemos trabajado un año largo, con legisladores, catedráticos, investigadores. Planteamos este debate a la población y acordamos legislativamente una regulación del mercado de la marihuana para uso medicinal, terapéutico y recreativo.

Una política integral

Tenemos que tener un Estado con capacidad de control y de regulación. Hay que escuchar y comprender los valores de hoy. No se pueden diseñar políticas en función de las creencias personales de los políticos o legisladores. Que el miedo no sea el motivador del análisis.

Las políticas sobre drogas no pueden estar desenganchas del conjunto de políticas públicas que hagamos para modificar la situación de nuestras poblaciones. Por ejemplo, en algunas zonas de Montevideo el consumo de pasta base llega a una prevalencia del 8 %, mientras que en los sectores incluidos en el sistema educativo se presenta una prevalencia del 0,8%.

Esta propuesta que estamos realizando para Uruguay, va a aportar en el marco de la integralidad de las políticas públicas. Tenemos la convicción de que todas las políticas se deben construir en función del análisis y de la búsqueda de evidencia. Si esto que intentamos no tiene los resultados que esperamos, lo vamos a cambiar. Pero si seguimos haciendo lo mismo, difícilmente tengamos resultados diferentes.

Ronda de preguntas del público

-¿Qué propuestas tienen en relación a las personas con uso problemático de sustancias para acompañar este tipo de medidas legislativas?

-Nuestra estrategia apunta a la integralidad. Pero las políticas públicas no se producen solamente en las leyes, también tiene aspectos comunicacionales, normativos y mecanismos de control adecuados. La política de drogas tiene que tener respuestas sanitarias muy clara y diversas; por eso, estos procesos de acompañamiento deben tener una paleta de colores y de alternativas. El eje de estas respuestas son las personas, no los profesionales.

-¿Cómo están trabajando con adolescentes el tema de la marihuana? ¿Qué daños genera su consumo y cómo permiten esto a adolescentes?

-Se necesitan políticas comunicacionales diferentes para quienes usan marihuana y para quienes no. Lo que sabemos es que no se puede construir respuestas en base al miedo, porque las políticas que se construyeron en base al miedo han sido contraproducentes. Estamos diseñando, a la espera de que la ley sea aprobada, herramientas de comunicación para intervenir en ámbitos más específicos. Todas las políticas de drogas están atravesadas por la reducción de daños, la comunicación hacia quienes no están dispuestos a dejar de consumir está basada en la reducción de riesgos. Esto es: habilitar formas de consumo que sean menos nocivas para la salud, en un marco general de que el consumo de drogas es dañino para la salud.

-¿Qué programas se están implementando para atender a los sectores más vulnerables sin acceso a otros tipos de dispositivos?

-Hay políticas que son de carácter general. La situación de un niño y de un adulto en situación de calle es diferente. Hemos articulado con sectores de la sociedad civil, hemos trabajado con los niños en situación de calle y con las familias, con transferencias económicas en la medida que envíen a los niños a la escuela. Los adultos en situación de calle es otro problema, en Montevideo hay alrededor de 1800 personas en esa situación. Un tercio, 600 personas, son personas liberadas de prisión que cuando salieron no tuvieron a dónde ir. Los otros 1200 son personas adictas al alcohol y. la mitad de ellos, consumidores de pasta base de cocaína. Son personas que realizan tareas en la calle… juntan cartón, cuidan coches. Así se mantienen en el circuito, que no es necesariamente un circuito delictivo, pero sí de exclusión. Lo hemos abordado con políticas de refugios nocturnos, no lo hemos abordado como un problema de consumo de drogas cuando lo relevante es otra cosa. Hemos articulado con el programa de Brasil, Consultorio da Rua, que tiene larga trayectoria. No es necesario inventar todas las  cosas, algunas ya existen y hay que adaptarlas a la realidad de cada lugar.

-¿Cuáles son las características de un operador de campo o un reductor de daños?

-Todas las estrategias están marcadas por dos conceptos: proximidad y baja exigencia. En Montevideo desarrollamos dos de estos programas que intentan generar un nexo entre los usuarios que están en situación de calle y el sistema sanitario. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema sanitario, que vean diferentes a los usuarios y que los usuarios vean diferente al sistema sanitario. Se trabaja con acompañamiento y estrategias de motivación al cambio. Pero también hay estrategias que saltan el proceso terapéutico y apuntan directo a la inserción en programas laborales, de autoempleo y capacitación. Para esto tenemos convenios con empresas locales.

-¿Cómo piensa que van a reaccionar los mercados no regulados frente a la propuesta del Estado uruguayo?

-Es una pregunta muy inteligente. Tenemos una hipótesis sobre cómo reaccionan los mercados en estas situaciones, pues es lo que ha sucedido hasta ahora. El mercado de las drogas es global, por lo tanto se produce un efecto globo: se aprieta por un lado y se desplaza hacia otro. Cuando apretaron con algunas regulaciones en Colombia, los mercados se desplazaron hacia el sur. Según el Informe Global sobre Drogas, presentado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) este año, dos tercios del valor final de las drogas está relacionado con la etapa final de distribución y no de la cadena de producción.

¿Cómo se va a comportar esto? Es probable que una parte se desplace a otro tipo de actividades criminales, pero ninguna otra actividad tiene el margen de ganancia que tiene actualmente esto. Se van a desplazar hacia otros lugares. Tenemos que partir de una base muy importante: anomia y criminalidad existe en la cultura humana desde que la conocemos. Van a seguir existiendo, pero desde la sociedad y la cultura tenemos que ver qué hacemos con esto.

-¿El proyecto incluye tratamientos de atención del consumo obligatorios?

-No hay incluidos tratamientos obligatorios. Lo que dice el texto es que el Estado debe garantizar y facilitar que existan tratamientos. Será obligación del Estado a través de los mecanismos de educación formal incluir aspectos que tengan vínculo con el uso de drogas.

-¿Es verdad que se generará un registro de usuarios y se prevé el expendio a través de las farmacias?

-Esto tiene que ver con el punto de partida y yo mismo agrego dos preguntas: ¿Por qué la producción solamente por licencias? ¿Por qué la inexistencia de competencia entre productores? Tenemos que garantizarles a los ciudadanos de Uruguay que lo que se produzca legalmente no termine en el mercado negro, y que no va a terminar en el mercado negro de Brasil, Argentina o Chile. Entonces, tenemos que tratar de evitar de la mejor manera la posibilidad de fugas, sabiendo que algunas van a existir, porque es parte de la realidad.

El sistema de registro tiene que ver con que debemos evitar que se pueda comprar y revender ilegalmente a niños, niñas y adolescentes. No estamos construyendo un modelo, hemos estudiado y reflexionado sobre otros modelos, pero tampoco estamos copiando a nadie. Finalmente, en cuanto a las licencias para la producción, se deben a que no queremos dejar librado que se produzca en otro lugar.

Y se va a limitar el consumo para residentes, sean o no nacionales, deberán certificar residencia en el país. Hay un límite máximo de 40 gramos; si hay una persona que consume más de eso, tendrá dificultades de tipo social, sanitario. Somos conscientes que estamos restringiendo derechos y estamos conscientes de esta realidad. Lo importante es que seamos transparentes en ese sentido.

-¿Por qué las farmacias?

-Las farmacias en Uruguay tienen más de cien años de historia y hoy expenden opio, sustancia más riesgosa que la marihuana. Y tienen una experiencia muy importante en este aspecto. Desde el Frente Amplio, desde la izquierda en general, creemos que estos productos de consumo no ordinario son pasibles de ser regulados en función de parámetros asociados a su uso, de los riesgos y daños que pueden producir.

Creemos que a nivel académico hay que discutir si todas estas sustancias son mercancías que están en el mercado. Para muchos de nosotros, el desafío ahora es comenzar procesos de des-mercantilización de estas sustancias. Para la marihuana regirán las mismas regulaciones que en Uruguay tenemos con el tabaco, por ejemplo no hacer publicidades. E incluso más, ya que su presentación debe ser genérica e incorporar información sobre los riesgos para la salud.

-¿Este es el primer paso para la regulación de otras sustancias ilícitas?

-Estos debates son el producto de quince o veinte años de discusiones de replantear el problema de algunas sustancias. Que se pueda avanzar en el campo de la regulación para otras sustancias va a depender de esos debates a nivel mundial y de factores particulares en cada lugar, en función de su idiosincrasia.

-¿Cuáles fueron las repercusiones en otros partidos políticos y en las autoridades de otros países, por ejemplo de la Argentina?

-Hemos recibido una actitud muy respetuosa de todos los gobiernos de la región, en relación al derecho de realizar políticas soberanas vinculadas a este tema. No ha habido ningún tipo de presión ni implícita ni explícita. Han dicho: “Hay interés, atención y curiosidad por lo que está haciendo Uruguay”. Una propuesta como la que estamos llevando adelante a todos nos genera dudas, incluso a los más fervientes defensores. Pero estamos convencidos que si seguimos haciendo lo mismo, el camino no va a cambiar.

El programa completo de la Conferencia se puede consultar en https://conferenciadrogas2013.wordpress.com/programa/

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Es necesario profundizar el debate por las leyes de drogas

Panel_2

Los diputados nacionales Mario Fiad (UCR) y Horacio Pietragalla (FpV) coincidieron en la necesidad de avanzar tanto en la ley de atención a usuarios de drogas como en la despenalización de la tenencia para consumo. También se presentaron los resultados de la encuesta entre candidatos para las elecciones legislativas de este año realizada por Intercambios.

 La 11º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas se realiza los días 29 y 30 de agosto en el Salón Azul del Senado de la Nación.

 (Buenos Aires, 30/08/2013) Luego de los debates que se llevaron a cabo el año pasado en distintas comisiones de la Cámara de Diputados, los proyectos de reforma a la Ley 23.737 de Estupefacientes, que continúa penalizando la tenencia para consumo personal, quedaron paralizados. Lo que hizo la cámara baja, en cambio, fue dar media sanción al proyecto que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que ahora debe ser tratada en el Senado. De eso se habló en el panel “Las políticas de drogas en la agenda electoral”, en el marco de la 11º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

La razón por la cual se tomó este camino fue expresada por Horacio Pietragalla, representante de la mayoría oficialista en Diputados y Vicepresidente Primero de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico: “Decidimos no avanzar con la despenalización porque los familiares de los usuarios con consumo problemático nos decían ‘ustedes quieren desjudicializar, cuando es el único recurso que tenemos para tratar a nuestros hijos’. No compartimos esa visión, pero la tuvimos en cuenta y por eso decidimos avanzar primero con el otro proyecto”. Pietragalla es el autor del proyecto que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos que fue aprobado a fines del año pasado por la cámara baja.

Respecto de esa iniciativa, el radical Mario Fiad, Presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, señaló que hubiese preferido llegar a un texto consensuado y manifestó algunas críticas al que fue aprobado: “Deberíamos haber elaborado un proyecto que sirviera para dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía, y no quedarnos medio mezquinos como sucedió. Nosotros pasamos nuestro dictamen de minoría a los integrantes de la comisión de Salud del Senado para que los tengan en cuenta en caso de que decidan hacer modificaciones. Creemos que hace falta un abordaje multidisciplinario y multisectorial, donde además del Estado estén presentes otros sectores, como la sociedad civil y los privados. Los objetivos deben pasar por la educación, prevención, capacitación, asistencia integral, rehabilitación y reinserción laboral y educativa”

Sin embargo, según Pietragalla, “la ley que hicimos es la ley que creemos que se puede votar y llevar adelante en el corto plazo. Podríamos tratar de hacer una mucho más completa, con más especificaciones, pero cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto no está. Es difícil llevar a cabo proyectos faraónicos”.

En cuanto al debate por la despenalización, ambos coincidieron en la necesidad de retomarlo para llegar a un consenso que permita reformar la Ley 23.737, que sigue penalizando la tenencia para consumo a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya determinó hace cuatro años que eso es inconstitucional.

En el momento de las preguntas a los expositores, se generó un contrapunto con activistas canábicos, quienes denunciaron la situación de un joven que lleva seis meses en prisión en Santiago del Estero por portar 19 gramos de marihuana debido a la vigencia de la ley 23.727 y las dilaciones parlamentarias en sancionar una nueva normativa que termine con este canal de criminalización de usuarios y cultivadores.

Encuesta entre candidatos

Antes de la exposición de los diputados, en el marco de este panel  moderado por el periodista Tomás Eliaschev, se presentaron los resultados de la encuesta realizada por Intercambios entre los candidatos en las elecciones legislativas de este año. Eva Amorín, responsable del Área de Prensa y Comunicación de Intercambios, comentó las razones y la modalidad de esta iniciativa, que apuntó a saber la opinión de los candidatos acerca precisamente de los dos temas que se tocaron en la mesa: Plan de Atención y reforma a la Ley de Drogas. Los resultados completos se pueden ver en la web: http://www.intercambios.org.ar/15-ideas/15ideas/paso-2013-respuestas-de-los-candidatos-sobre-leyes-de-drogas/

El programa completo de la Conferencia se puede consultar en https://conferenciadrogas2013.wordpress.com/programa/

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Panel: Drogas y Seguridad

¿Cuál es el lugar de las fuerzas de seguridad en los negocios de drogas?

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Hablar en profundidad de la vinculación entre drogas y seguridad -o inseguridad- implica avanzar mucho más allá de la relación causa efecto que habitualmente suele establecerse entre ambos. Para hacerlo, tres voces de distinta procedencia pero con trabajo serio en el tema fueron convocadas al debatir en el marco de la 11º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

 (Buenos Aires, 29/08/2013; 18:30hs) La relación entre drogas y seguridad es un tema que aparece de manera recurrente en el imaginario social y en la agenda mediática. En la búsqueda de lograr una mejor comprensión de los actores, las dinámicas y las territorialidades que forman parte de estos conceptos, Félix Croux, titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (PROCUNAR) de la Procuración General de la Nación, Brígida Renoldi, investigadora CONICET en la Universidad Nacional de Misiones y Carlos del Frade, periodista y escritor rosarino, analizaron esta relación el jueves 29 de agosto por la tarde en el salón azul del Senado de la Nación.

“Hay una premisa que dice que el que consume sustancias que alteran su conducta puede cometer un crimen. Sin embargo, no tenemos evidencia de investigación que lo demuestre; estamos condicionados por la subjetividad de la víctima que dice ‘el que me robó estaba drogado’”, planteó Félix Croux, titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (PROCUNAR) de la Procuración General de la Nación.

Por su parte, Brígida Renoldi, doctora en antropología cultural e investigadora CONICET en la Universidad Nacional de Misiones, marcó una de las modalidades en que se vinculan drogas y seguridad, al afirmar: “Los usuarios de sustancias, cuando llegan a un punto en que comprometidos por el uso se endeudan ingresan en el mercado ilegal, pasan a formar parte del círculo de venta y terminan condenados”.

Destacó que el 80% de los presos en cárceles son varones y reincidentes, por tráfico en fronteras, y que “las mujeres de estos presos son detenidas a veces cuando llevan sustancias a sus parejas. Estas mujeres también terminaron condenadas, los hijos de esas familias terminaron en la calle o en centros de acogimiento”.

Finalmente, Carlos del Frade, periodista y escritor rosarino, autor del libro “Ciudad blanca, patria negra”, introdujo el factor de las fuerzas de seguridad como ejecutores y/o partícipes de los delitos: “El negocio está vender marihuana y cocaína y el problema es que lo hace la fuerza policial de cada provincia con los nichos de corrupción en los poderes nacionales. Durante cuarenta años la policía se autogobernó y pasaba el resultado de las cajas negras al poder político”.

El panel contó con la presencia de Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, en el rol de discutidor, y con Alejandro Corda, integrante de Intercambios, como moderador.

 

El programa completo de la Conferencia se puede consultar en https://conferenciadrogas2013.wordpress.com/programa/

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