“La regulación legal de la marihuana ataca al lucro de las organizaciones criminales”

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El secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Julio Calzada Mazzei, presentó este viernes 30 de agosto en el Salón Azul del Senado de la Nación las características del modelo de regulación del mercado de la marihuana que promueve el gobierno uruguayo.

 A continuación, una relatoría (casi) textual de su presentación.

(Buenos Aires, 30/08/2013; 12:30Hs)  ¿Por qué Uruguay decidió avanzar en un proyecto de regulación de la producción y comercialización de marihuana? ¿En qué información epidemiológica que sustenta esta decisión? ¿Harán lo mismo con la pasta base o la cocaína? ¿Cuál es la coherencia entre el expendio de cannabis en las farmacias mientras incrementa las regulaciones y restricciones a la comercialización y publicidad sobre tabaco y alcohol? A lo largo de su conferencia “La regulación de los mercados de drogas. Un largo camino por venir”, el sociólogo Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, fundamentó la decisión del gobierno uruguayo de avanzar en la legalización regulada del canabis en ese país.

Al comenzar la segunda jornada de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, convocada por la asociación civil Intercambios en el salón azul del Senado de la Nación, Calzada Mazzei explicó, textualmente, lo que sigue:

“Cada día es más evidente que estamos ante un cambio de paradigma. Ese cambio es tal que ayer, jueves 29 de agosto de 2013, el Departamento de Justicia de EEUU decidió que no afectará las decisiones de los estados de Washington y Colorado (sobre uso regulado del cannabis). Es uno de los hechos más relevantes en materia de políticas de drogas.

El ministro de Educación de la Argentina, Alberto Sileoni, decía ayer en la inauguración de esta Conferencia, que es necesario llevar adelante una tarea contracultural. Parte de esta tarea es desplazar a la sustancia del centro del problema. Debemos lograr que el tema drogas salga de las páginas policiales y entre a las secciones de cultura, de sociedad.

Voy a hablar desde Uruguay y de este largo proceso de regulación de las drogas, que no se inició ahora. Es un proceso que se inicia hace más de 100 años y que hoy está cambiando el rumbo.

Drogas y vulnerabilidad social

En la realidad del siglo XXI tenemos más herramientas para construir evidencias, más información confiable y fidedigna. En Uruguay, con eso hemos construido encuestas epidemiológicas y datos.

Así, partimos de la hipótesis que el consumo de drogas está directamente asociado a la vulnerabilidad de las personas, en la cual tiene un fuerte impacto la pobreza. En el año 2003 teníamos más de 300 niños en situación de calle en Montevideo y en el año 2012 hay mil niños que están atendidos por “Proyectos Calle” (de los cuales el 50 % no están estrictamente en dicha situación). La problemática de la niñez en situación de calle en Montevideo está prácticamente eliminada, no así la situación de los adultos, que se ha incrementado.

En relación al consumo de drogas, observamos que el alcohol y el tabaco son las drogas de mayor impacto. Y en todos los casos, las personas más vulnerables son quienes están más afectadas.

En función de este análisis, tomamos la decisión en el año 2005 de regular restrictivamente el mercado del tabaco. Es una de las drogas con mayor impacto sanitario y epidemiológico en el mundo entero.

En el año 2009, tomamos la decisión de avanzar en una regulación, también restrictiva, de la marihuana y el alcohol, las cuales también tienen impacto en la población.

Observando la evolución del consumo, vimos que de una sustancia que no tiene regulación, como el alcohol, ha aumentado su consumo. A diferencia del consumo de tabaco luego de la regulación, que desciende. También se incrementa el consumo de marihuana.

Es en las zonas de Montevideo con mayores niveles de vulnerabilidad donde se dan consumos más altos de pasta base de cocaína. En algunos lugares llega al 8 % de prevalencia.

¿Cuál es el desafío que tenemos? No podemos simplificar la interpretación y el análisis porque nos va a dar una solución simple. El modelo prohibicionista apuesta a una solución simple, que es el control penal y la coerción.

En el caso de la marihuana, el aumento del consumo no ha implicado un cambio sanitario grave. Todas las drogas pueden generar algún tipo de daño, pero hay sustancias que tienen mayor capacidad adictiva. Estamos convencidos que el camino a recorrer es basarse en estos criterios para regular las drogas.

Regulación legal contra las organizaciones criminales

La ley uruguaya habilita el uso de sustancias por las personas en general, basada en el artículo 10 de la Constitución. No se penaliza el consumo, sino el acto preparatorio; se penaliza lo que se realiza para cometer un acto que no está penado.

Tenemos que darle una respuesta sanitaria y no represiva coercitiva. A partir de la Convención Única de Estupefacientes, en estos últimos 50 años, se han incrementado los delitos y daños relacionados al narcotráfico. Esto genera, según Naciones Unidas, 320 mil millones de dólares al año que van a parar a organizaciones criminales, al mercado inmobiliario, al mercado de armas, etc.

Hemos enfocado en atacar lo que sustenta a estas organizaciones criminales, que es el fin de lucro. En los años 2011 y 2012, con instituciones policiales efectivas y con muy bajos niveles de corrupción, logramos decomisar mucho más. Y con eso sólo logramos el control del diez por ciento del mercado. Nos quedaba afuera la gran mayoría. Según nuestras encuestas, hay 120.000 personas que al menos una vez en el año consumen marihuana, 75.000 una o dos veces en el mes y 20.000 que consumen a diario. Se trata de un mercado totalmente desregulado y controlado por organizaciones criminales. En cambio, en este mismo período, con la regulación total del Estado del mercado del tabaco, su consumo se redujo sensiblemente.

Desde una perspectiva de derechos integral, no se puede obligar a las personas a que cometan actos ilegales para realizar una actividad que es legal. Desde la convicción de que los problemas del consumo de drogas son problemas de salud, decidimos avanzar en quitarle a las organizaciones criminales esas altas tasas de ganancia. Por eso, a partir de 2011 el Poder Ejecutivo evalúa la inclusión de medidas para la regulación del mercado de la marihuana. Hemos trabajado un año largo, con legisladores, catedráticos, investigadores. Planteamos este debate a la población y acordamos legislativamente una regulación del mercado de la marihuana para uso medicinal, terapéutico y recreativo.

Una política integral

Tenemos que tener un Estado con capacidad de control y de regulación. Hay que escuchar y comprender los valores de hoy. No se pueden diseñar políticas en función de las creencias personales de los políticos o legisladores. Que el miedo no sea el motivador del análisis.

Las políticas sobre drogas no pueden estar desenganchas del conjunto de políticas públicas que hagamos para modificar la situación de nuestras poblaciones. Por ejemplo, en algunas zonas de Montevideo el consumo de pasta base llega a una prevalencia del 8 %, mientras que en los sectores incluidos en el sistema educativo se presenta una prevalencia del 0,8%.

Esta propuesta que estamos realizando para Uruguay, va a aportar en el marco de la integralidad de las políticas públicas. Tenemos la convicción de que todas las políticas se deben construir en función del análisis y de la búsqueda de evidencia. Si esto que intentamos no tiene los resultados que esperamos, lo vamos a cambiar. Pero si seguimos haciendo lo mismo, difícilmente tengamos resultados diferentes.

Ronda de preguntas del público

-¿Qué propuestas tienen en relación a las personas con uso problemático de sustancias para acompañar este tipo de medidas legislativas?

-Nuestra estrategia apunta a la integralidad. Pero las políticas públicas no se producen solamente en las leyes, también tiene aspectos comunicacionales, normativos y mecanismos de control adecuados. La política de drogas tiene que tener respuestas sanitarias muy clara y diversas; por eso, estos procesos de acompañamiento deben tener una paleta de colores y de alternativas. El eje de estas respuestas son las personas, no los profesionales.

-¿Cómo están trabajando con adolescentes el tema de la marihuana? ¿Qué daños genera su consumo y cómo permiten esto a adolescentes?

-Se necesitan políticas comunicacionales diferentes para quienes usan marihuana y para quienes no. Lo que sabemos es que no se puede construir respuestas en base al miedo, porque las políticas que se construyeron en base al miedo han sido contraproducentes. Estamos diseñando, a la espera de que la ley sea aprobada, herramientas de comunicación para intervenir en ámbitos más específicos. Todas las políticas de drogas están atravesadas por la reducción de daños, la comunicación hacia quienes no están dispuestos a dejar de consumir está basada en la reducción de riesgos. Esto es: habilitar formas de consumo que sean menos nocivas para la salud, en un marco general de que el consumo de drogas es dañino para la salud.

-¿Qué programas se están implementando para atender a los sectores más vulnerables sin acceso a otros tipos de dispositivos?

-Hay políticas que son de carácter general. La situación de un niño y de un adulto en situación de calle es diferente. Hemos articulado con sectores de la sociedad civil, hemos trabajado con los niños en situación de calle y con las familias, con transferencias económicas en la medida que envíen a los niños a la escuela. Los adultos en situación de calle es otro problema, en Montevideo hay alrededor de 1800 personas en esa situación. Un tercio, 600 personas, son personas liberadas de prisión que cuando salieron no tuvieron a dónde ir. Los otros 1200 son personas adictas al alcohol y. la mitad de ellos, consumidores de pasta base de cocaína. Son personas que realizan tareas en la calle… juntan cartón, cuidan coches. Así se mantienen en el circuito, que no es necesariamente un circuito delictivo, pero sí de exclusión. Lo hemos abordado con políticas de refugios nocturnos, no lo hemos abordado como un problema de consumo de drogas cuando lo relevante es otra cosa. Hemos articulado con el programa de Brasil, Consultorio da Rua, que tiene larga trayectoria. No es necesario inventar todas las  cosas, algunas ya existen y hay que adaptarlas a la realidad de cada lugar.

-¿Cuáles son las características de un operador de campo o un reductor de daños?

-Todas las estrategias están marcadas por dos conceptos: proximidad y baja exigencia. En Montevideo desarrollamos dos de estos programas que intentan generar un nexo entre los usuarios que están en situación de calle y el sistema sanitario. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema sanitario, que vean diferentes a los usuarios y que los usuarios vean diferente al sistema sanitario. Se trabaja con acompañamiento y estrategias de motivación al cambio. Pero también hay estrategias que saltan el proceso terapéutico y apuntan directo a la inserción en programas laborales, de autoempleo y capacitación. Para esto tenemos convenios con empresas locales.

-¿Cómo piensa que van a reaccionar los mercados no regulados frente a la propuesta del Estado uruguayo?

-Es una pregunta muy inteligente. Tenemos una hipótesis sobre cómo reaccionan los mercados en estas situaciones, pues es lo que ha sucedido hasta ahora. El mercado de las drogas es global, por lo tanto se produce un efecto globo: se aprieta por un lado y se desplaza hacia otro. Cuando apretaron con algunas regulaciones en Colombia, los mercados se desplazaron hacia el sur. Según el Informe Global sobre Drogas, presentado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) este año, dos tercios del valor final de las drogas está relacionado con la etapa final de distribución y no de la cadena de producción.

¿Cómo se va a comportar esto? Es probable que una parte se desplace a otro tipo de actividades criminales, pero ninguna otra actividad tiene el margen de ganancia que tiene actualmente esto. Se van a desplazar hacia otros lugares. Tenemos que partir de una base muy importante: anomia y criminalidad existe en la cultura humana desde que la conocemos. Van a seguir existiendo, pero desde la sociedad y la cultura tenemos que ver qué hacemos con esto.

-¿El proyecto incluye tratamientos de atención del consumo obligatorios?

-No hay incluidos tratamientos obligatorios. Lo que dice el texto es que el Estado debe garantizar y facilitar que existan tratamientos. Será obligación del Estado a través de los mecanismos de educación formal incluir aspectos que tengan vínculo con el uso de drogas.

-¿Es verdad que se generará un registro de usuarios y se prevé el expendio a través de las farmacias?

-Esto tiene que ver con el punto de partida y yo mismo agrego dos preguntas: ¿Por qué la producción solamente por licencias? ¿Por qué la inexistencia de competencia entre productores? Tenemos que garantizarles a los ciudadanos de Uruguay que lo que se produzca legalmente no termine en el mercado negro, y que no va a terminar en el mercado negro de Brasil, Argentina o Chile. Entonces, tenemos que tratar de evitar de la mejor manera la posibilidad de fugas, sabiendo que algunas van a existir, porque es parte de la realidad.

El sistema de registro tiene que ver con que debemos evitar que se pueda comprar y revender ilegalmente a niños, niñas y adolescentes. No estamos construyendo un modelo, hemos estudiado y reflexionado sobre otros modelos, pero tampoco estamos copiando a nadie. Finalmente, en cuanto a las licencias para la producción, se deben a que no queremos dejar librado que se produzca en otro lugar.

Y se va a limitar el consumo para residentes, sean o no nacionales, deberán certificar residencia en el país. Hay un límite máximo de 40 gramos; si hay una persona que consume más de eso, tendrá dificultades de tipo social, sanitario. Somos conscientes que estamos restringiendo derechos y estamos conscientes de esta realidad. Lo importante es que seamos transparentes en ese sentido.

-¿Por qué las farmacias?

-Las farmacias en Uruguay tienen más de cien años de historia y hoy expenden opio, sustancia más riesgosa que la marihuana. Y tienen una experiencia muy importante en este aspecto. Desde el Frente Amplio, desde la izquierda en general, creemos que estos productos de consumo no ordinario son pasibles de ser regulados en función de parámetros asociados a su uso, de los riesgos y daños que pueden producir.

Creemos que a nivel académico hay que discutir si todas estas sustancias son mercancías que están en el mercado. Para muchos de nosotros, el desafío ahora es comenzar procesos de des-mercantilización de estas sustancias. Para la marihuana regirán las mismas regulaciones que en Uruguay tenemos con el tabaco, por ejemplo no hacer publicidades. E incluso más, ya que su presentación debe ser genérica e incorporar información sobre los riesgos para la salud.

-¿Este es el primer paso para la regulación de otras sustancias ilícitas?

-Estos debates son el producto de quince o veinte años de discusiones de replantear el problema de algunas sustancias. Que se pueda avanzar en el campo de la regulación para otras sustancias va a depender de esos debates a nivel mundial y de factores particulares en cada lugar, en función de su idiosincrasia.

-¿Cuáles fueron las repercusiones en otros partidos políticos y en las autoridades de otros países, por ejemplo de la Argentina?

-Hemos recibido una actitud muy respetuosa de todos los gobiernos de la región, en relación al derecho de realizar políticas soberanas vinculadas a este tema. No ha habido ningún tipo de presión ni implícita ni explícita. Han dicho: “Hay interés, atención y curiosidad por lo que está haciendo Uruguay”. Una propuesta como la que estamos llevando adelante a todos nos genera dudas, incluso a los más fervientes defensores. Pero estamos convencidos que si seguimos haciendo lo mismo, el camino no va a cambiar.

El programa completo de la Conferencia se puede consultar en https://conferenciadrogas2013.wordpress.com/programa/

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Acerca de intercambiosnacional

Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, es una organización no gubernamental creada en la ciudad de Buenos Aires en 1995. Fue gestada por un equipo de trabajo, constituido por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los problemas relacionados con las drogas y el VIH/SIDA. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Anualmente organiza la Conferencia Nacional Sobre Política de Drogas
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