El arduo camino hacia un paradigma de los derechos humanos

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¿Consentimiento informado o consentimiento forzado? ¿Internación involuntaria o detención arbitraria? ¿Niño a resocializar o sujeto de derechos? ¿Carrera adictiva o enfermedad crónica?

Con estas tensiones sobre la mesa, en el cierre de de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas el debate se centró en las tensiones y herramientas a  partir de la ley 26.657 de Salud Mental.

 (Buenos Aires; 30/08/2013; 13:30Hs) Un nuevo paradigma busca abrirse camino en la atención de problemas asociados a las drogas: el paradigma de los derechos humanos.  Para analizar los pasos que se vienen dando, expertos de cinco instituciones involucradas en forma directa en la implementación de la ley 26.657 de salud mental fueron convocados el viernes 30 de agosto al panel “La aplicación de la ley de salud mental y la atención de problemas asociados a las drogas”, en el cierre de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas realizada en el senado de la Nación.

Con la moderación Diana Rossi, la mesa reunió a Mariano Laufer Cabrera, coordinador de la Unidad de Letrados art. 22 Ley 26.657 de la Defensoría General de la Nación, Macarena Sabin Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Alberto  Calabrese, director de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, María Pía Pawlowicz, integrante del Área de Investigación de la asociación civil Intercambios Asociación Civil y Ernestina Rosendo, magíster en Salud Pública e investigadora de UBA.

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Privación ilegítima de la libertad

Un primer punto, planteado por todos los participantes, es cómo se regular una internación involuntaria. A partir de  la ley 26.657, la Defensoría General de la Nación intervino en la defensa de más de 4.500 personas internadas contra su voluntad sólo en la ciudad de Buenos Aires, según reveló el titular de la Unidad de Letrados art.22.

“En lugar de un consentimiento informado vemos consentimientos forzados, viciados, firmados bajo amenaza”, coincidió desde el CELS la psicóloga Macarena Sabin Paz. A la luz de los derechos humanos “se debe entender claramente como una privación de la libertad –advirtió Laufer Cabrera-. La Justicia debe observar que esa privación sea legítima, para que no se transforme en una detención arbitraria”.

Revisión de los tratamientos

Una herramienta aún sin implementar es el Órgano de Revisión. “Su puesta en marcha es necesaria para frenar los abusos, malos tratos y torturas. Creo que puede tener especial impacto sobre las comunidades terapéuticas”, aseveró Sabin Paz. El CELS propone que el Órgano de Revisión se articule con el flamante Organismo de Prevención de la Tortura.

Alberto Calabrese, en la actualidad director de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, reconoció que las entidades federales “podemos ejercer un determinado control sobre estas granjitas que proliferan, donde es sistemática la violación de derechos humanos”.

A la vez, señaló el “carácter dual” de la posibilidad de internación en hospitales generales prevista por la ley 26.657: “Tiene el riesgo de que el tema adicciones se vuelva exclusivamente médico” y “se dejen de lado sus aspectos sociales”. En el mismo sentido, avaló que se implementen políticas de reducción de daños. “Y esto lo digo como funcionario”, agregó.

¿Derechos humanos con penalización?

La inclusión del uso problemático de drogas en la ley de salud mental quedó redactado como “salud mental y adicciones”. La psicóloga María Pía Pawlowicz, integrante del Área de Investigación de la asociación civil Intercambios, reflexionó sobre ese conector “y”. “No es un tema satélite. La ley exige un profundo replanteo de la concepción de los usuarios de drogas como sujetos de derechos”, afirmó.

Esto implica modificar una mirada previa, para la cual los usuarios de drogas son “sujetos inmutables” o “niños a resocializar”.

La innovación en el marco legal “se imbricó con la discusión sobre despenalización… que viene siendo discusión pero no se transforma en reforma”. Pawlowicz recordó que la criminalización del uso de drogas “ha estigmatizado a los usuarios, alejándolos de los servicios sanitarios”.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre las implicancias de conceptualizar al uso problemático de drogas como una enfermedad crónica. En ocasiones se considera a las adicciones como una suerte de espiral destructiva creciente, progresiva e irreversible, que suele denominarse “carrera adictiva”. “Esta concepción borra las decisiones que las personas toman y otros recorridos posibles, que en los hechos muchos usuarios de drogas tienen”, concluyó.

Deudas de las políticas públicas

A modo de síntesis del encuentro, se dejó en evidencia la brecha  que existe entre la normativa y las prácticas vigentes, la ausencia de políticas públicas “reales y genuinas”  para el tratamiento de las adicciones” y se hizo un llamado a la inclusión “detallada y profunda” de los tratamientos sobre adicciones en el Plan de Salud Mental, en la actualidad en elaboración, como forma de ir saldando la brecha.

La magister en Salud Pública e investigadora Ernestina Rosendo,  que tuvo el rol de “discutidora” de los conceptos que se abordaron en la mesa, concluyó con una apelación a “no caer en el error de pensar a la ley de salud mental “como una mera aplicación de tipo técnico de la legislación. La realidad es que estamos en un campo de pujas”.  

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Acerca de intercambiosnacional

Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, es una organización no gubernamental creada en la ciudad de Buenos Aires en 1995. Fue gestada por un equipo de trabajo, constituido por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los problemas relacionados con las drogas y el VIH/SIDA. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Anualmente organiza la Conferencia Nacional Sobre Política de Drogas
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